Partido Popular


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Arnaldo Otegi y el lehendakari Juan José Ibarretxe han sido de nuevo llamados a declarar por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. En esta ocasión la medida afecta también al mahaikide Rufi Etxeberria. El motivo de esta nueva llamada a declarar es la atención a la solicitud por parte del Foro de Ermua de ampliar la querella presentada contra las reuniones efectuadas entre Batasuna y lehendakari. Estas reuniones se enmarcan dentro de las conversaciones que se vienen manteniendo de cara a dialogar en torno a la resolución del conflicto. La petición de ampliación de la querella que hizo el Foro de Ermua fue debida a las palabras del propio Ibarretxe después de declarar anunciando que se reuniría cuantas veces hiciesen falta, que de hecho lo seguía haciendo, con quien hiciese falta para dialogar sobre el final del conflicto que vive Euskal Herria.

Ahora que alguien intente convencernos que la justicia española no está politizada y o que muchas de sus actuaciones no vienen dadas por impulsos políticos. Impulsos políticos cuyo objetivo son torpedear el conflicto y cortar las ansias de un Pueblo que exige ser reconocido como tal y respetado en todos sus derechos para poder vivir en armonía con otros pueblos. Si lo que intentan es clandestinizar el diálogo no lo conseguirán, ni el PP y sus acólitos (llámense éstos jueces o Foro de Ermua), ni nadie. No se puede clandestinizar a todo un Pueblo. Ya lo intentaron con una parte comprometida de este Pueblo y no lo consiguieron. Y el PNV (el de Imaz y el de Egibar) ya es hora que tome buena nota de todo ello.

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El pasado jueves, tras 115 días de huelga de hambre (unos meses atrás realizó otra de 63 días) Iñaki de Juana puso fin a la protesta que mantenía después de llegar a Donostia tras casi 20 años de prisión en cárceles españolas y casi siempre a más 1000 kilómetros de distancia de Euskal Herria. La decisión fue tomada tras acordar el Gobierno español la “prisión atenuada”, que implica que no volverá a la cárcel. Este acuerdo que tomó el Gobierno se hizo, según palabras del Ministro de Interior, dentro de la legalidad y atendiendo principalmente a razones humanitarias. El “gesto” del Gobierno español fue saludado por dirigentes de la Izquierda Abertzale como “un soplo de aire fresco que puede ayudar” y “logro de la lucha popular“. La decisión del Gobierno fue apoyada por el resto de fuerzas políticas salvo por el PP que la calificó como “cesión al chantaje“. Esta noticia, una de las más esperadas en Euskal Herria, ha destensado nudos, ha abierto expectativas de solución y se ha interpretado como un paso en la buena dirección. Salta a la vista que este hecho puede ayudar ( de hecho lo está haciendo) a que desaparezcan expresiones de violencia y lo único que se pide es que no se caiga en las provocaciones de quienes quieren hacer chantaje al proceso desde sus posiciones cuneteras y fascistas. Si esta decisión es fruto de la lucha popular nos queda todavía mucha lucha que mantener para superar el conflicto que vive este Pueblo.

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De la misma manera que el otro día se debatió en el Congreso de los Diputados español la petición por parte del PP de que el Pleno del Congreso instase al Gobierno a iniciar las acciones pertinentes para la ilegalización de EHAK (Euskal Herriko Alderdi Komunista – Partido Comunista de las Tierras Vascas) y fue rechazado por la totalidad del resto de grupos hoy, en el Parlamento de Gasteiz el grupo del PP (nuevamente) ha intentado lo mismo con igual resultado (el resultado ha sido de 53 votos en contra, 15 a favor y ninguna abstención). Mientras que la representante de EHAK señalaba que la propuesta del PP era antidemocrática y fascista y pedía la derogación de la Ley de Partidos, el PSE se limitaba a pedir al PP que retirase la propuesta (por tener otro objetivo diferente al expuesto, esto es, ir contra el Gobierno del PSOE) y el PNV la rechazaba y acusaba al PP de querer “incordiar”. Es evidente que esta propuesta, al igual que en su momento lo fueron las propuestas de ilegalización de Herri Batasuna, Batasuna, Euskal Herritarrok o Autodeterminaziorako Bilgunea (así como multitud de plataformas locales) es una propuesta antidemocrática y fascista (toda la Ley de Partidos en cualquier otro país europeo tendría estos calificativos). Es evidente también que contra quien va es contra la Izquierda Abertzale en su conjunto y contra un sector de la población vasca que lucha por una resolución al conflicto de Euskal Herria y no contra el Gobierno del PSOE que fue uno de los autores de dicha ley. Es evidente a quien incordia esta Ley y estas propuestas (no precisamente al PNV que sigue aprovenchándose de las consecuencias de la ley). Las cosas es mejor decirlas claras y si ahora no gusta esta ley porque no responde a los objetivos de estos partidos lo que habría que hacer es abolirla. Pero no se pueden pedir peras al olmo.